EL CANCILLER DEL ANUNCIO PERMANENTE

✍️ Horacio Calvo
📰 horacioc.substack.com
📅 25 de Julio de 2026

Fernando Aramayo confunde comunicar con gobernar. Ocho meses después, Bolivia sigue sin embajadores y sin política exterior.

Hay un momento en toda gestión pública en que el discurso deja de ser promesa y empieza a ser coartada. El canciller Aramayo lo alcanzó hace rato.

A ocho meses de asumir, la Cancillería boliviana no ha logrado lo más elemental de su oficio: poner embajadores donde el país los necesita. El propio ministro admitió ante la prensa, esta misma semana, que “no hay una fecha específica” para las designaciones y que hay una primera lista de quince nombres que aún debe pasar por el presidente y luego por la Asamblea Legislativa. “Esto no se entrega en combo”, explicó, como si la ausencia de representación diplomática en las capitales que deciden el destino económico de Bolivia fuera una cuestión de estilo administrativo y no una vulnerabilidad del Estado. No lo es. Es una vulnerabilidad peligrosa del Estado.

Mientras la Cancillería perfecciona sus perfiles, Bolivia negocia, o deja de negociar, con Brasil, Chile, Paraguay y Estados Unidos sin interlocutores de rango. Son, según el propio Aramayo, los cuatro destinos prioritarios. También son, precisamente, los cuatro lugares donde una silla vacía se paga en dólares: gas, corredores de exportación, acceso al Pacífico, cooperación en seguridad, líneas de financiamiento. La diplomacia no es protocolo, dice el canciller. Por eso mismo resulta más grave que la ejerza como si fuera un cronograma administrativo interno y poco más.

El Ministerio ha reconocido acefalías en la treintena de representaciones diplomáticas y consulares del país y ha prometido cubrirlas “de forma gradual y paulatina”. Gradual y paulatina es la fórmula con la que se administra un problema que no se sabe resolver. Un gobierno que llegó ofreciendo reinserción internacional lleva más de medio año sin capacidad instalada para ejecutarla.

La Comisión de Constitución del Legislativo ya tuvo que citarlo a explicar la demora. Que el Parlamento deba convocar al canciller para preguntarle por qué el país no tiene embajadores es, en sí mismo, el veredicto sobre la gestión.

Cada vez que se lo interpela, Aramayo responde con la misma arquitectura argumental: recibió una Cancillería sin estrategia, con embajadas sin justificación técnica, con un cuerpo diplomático inflado y costoso. Ha reducido ítems, ha calculado ahorros, ha contrapuesto su austeridad al despilfarro ajeno. Ha señalado a la gestión de Jeaninne Áñez y a su canciller, Karen Longaric, por un gasto de 45 millones de bolivianos. Ha proclamado que “antes creaban embajadas para repartir pegas” y que ahora se decidirá por perfiles estratégicos. Ha descartado que ser exministro dé derecho automático a una embajada. Nada de eso es necesariamente falso. Todo eso es, en su conjunto, un diagnóstico. Y un diagnóstico no es política exterior.

Longaric respondió lo que correspondía responder: que demuestre las acusaciones, públicamente, con documentos. Y agregó una frase que resume el problema mejor que cualquier análisis: “la política exterior requiere medidas efectivas, no solo discursos”. Se puede discrepar con Longaric en muchas cosas, pero el desafío es legítimo y sigue sin respuesta. La forma más simple de desmentir la acusación de improvisación era designar embajadores. La forma que eligió el canciller fue discutir con su antecesora.

Ahí está el error de cálculo. Aramayo cree que ganar la discusión sobre el pasado equivale a acreditar el presente. No equivale. El pasado en materia diplomática es tan indefendible que criticarlo no otorga mérito alguno: es el piso, no el techo. Cualquier canciller que sustente su legitimidad en lo mal que lo hicieron los anteriores está confesando que no tiene resultados propios que exhibir.

Pero, repasemos lo que efectivamente existe después de ocho meses, casi nueve. Un estudio de prioridades. Un enunciado de lineamientos. Una reestructuración administrativa con cifras de ahorro que reporta la propia institución auditada. El anuncio de un rediseño de la Academia Diplomática. El anuncio de un primer paquete de quince designaciones sin fecha. El anuncio de un cónsul en Chile “en las próximas semanas”.

Anuncios. Ese es el inventario.

La Academia Diplomática merece un párrafo aparte, porque es el casto testigo. Relanzarla es una idea correcta (Bolivia necesita con urgencia una formación profesional y una carrera meritocrática en su servicio exterior), pero es también una idea cómoda: se anuncia rápido, se ejecuta lentamente y sus resultados maduran en una década, mucho después de que l ministro haya dejado el cargo. Es exactamente el tipo de reforma que permite parecer transformadora sin rendir cuentas en el plazo de gestión. Si el relanzamiento no llega con reglamento, presupuesto, malla curricular, convocatoria abierta y fecha de inicio, es un titular, no una reforma.

Aramayo ha descalificado también a la clase política, ese gesto reflejo del funcionario que se imagina técnico entre políticos. Pero el canciller es un cargo político. Su primera obligación es construir el consenso que le permita mover quince pliegos por la ALP, no explicar por qué la Asamblea le resulta un trámite. Cada semana de demora aumenta el precio de esa negociación, porque los espacios vacíos no se quedan vacíos: se llenan de operadores, de presiones sectoriales y de candidatos que llegan avalados por el desgaste y no por el mérito. Es decir, se llenan exactamente con lo que Aramayo dice combatir.

Y ahí está la ironía final. La demora que se justifica en nombre de la meritocracia es la que terminará imponiendo el reparto. La austeridad que se presenta como reforma será recordada como recorte sin rumbo. Y el discurso que hoy se usa para explicar la falta de acción será mañana la prueba documentada de que la acción nunca llegó.

No hace falta pedirle al canciller una doctrina. Bastam cuatro cosas verificables: la lista completa de designaciones con fechas de envío a la Asamblea; los criterios escritos con los que se seleccionaron esos perfiles; el documento de lineamientos de política exterior publicado, no socializado en reuniones; y las cifras de reestructuración auditadas por alguien que no se la propia Cancillería.

Si eso llega, la crítica habrá sido injusta y no habrá problema en admitirlo. Si no llega, Bolivia habrá perdido un año entero de política exterior mientras su canciller se enzarza en debates. Y en un país sin margen, ese es un lujo que no se puede pagar con comunicados.