La carrera diplomática es patrimonio del Estado boliviano
Diplomacia en Democracia expresa su preocupación y rechazo ante las actuaciones de Cancillería respecto del Escalafón Diplomático de 2004 y reclama la reconstrucción profesional del Servicio Exterior.
DIPLOMACIA en DEMOCRACIA expresa su profunda preocupación y rechazo ante actuaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que podrían comprometer la vigencia del Escalafón Diplomático Nacional de 2004 y debilitar la institucionalidad del Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Un reciente informe de auditoría interna cuestiona la categorización de los diplomáticos de carrera, aprobada hace más de dos décadas, con posibles consecuencias para los diplomáticos de carrera y para la institución.
Llama particularmente la atención que la actual conducción de la Cancillería plantee este cuestionamiento, cuando en 2024 la propia institución había concluido que no era viable realizar una auditoría operativa relacionada con ese proceso. En las actuales circunstancias, esta iniciativa suscita legítimas interrogantes sobre sus motivaciones y consecuencias institucionales.
Cumplido el primer año de gestión del actual Gobierno, preocupa que no se hayan
logrado avances suficientes en la reconstrucción de la Cancillería y la recuperación de la
carrera diplomática. El propósito presidencial de llevar «Bolivia al mundo y el mundo a
Bolivia» exige una política exterior definida, representaciones diplomáticas efectivas y
profesionales experimentados. La conducción política corresponde al Gobierno, pero
debe apoyarse en instituciones permanentes al servicio del Estado.
Resulta igualmente preocupante que, mientras se cuestiona la categorización de diplomáticos de carrera, permanezcan o sean incorporadas a funciones importantes de la Cancillería personas que ejercieron responsabilidades relevantes durante los gobiernos del MAS, bajo cuyas administraciones se debilitó profundamente la institucionalidad diplomática.
Ello ocurre cuando el país cuenta con diplomáticos profesionales de reconocida experiencia, capacidad y prestigio, lo que plantea interrogantes sobre los criterios de mérito e idoneidad que orientan las actuales designaciones.
Una auditoría no puede convertirse en instrumento de intimidación, ni el derecho administrativo en una vía para legitimar persecuciones. Toda investigación debe respetar el
principio de legalidad, el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Resulta preocupante que, en lugar de esclarecer responsabilidades por dos décadas de desmantelamiento institucional y por decisiones que afectaron la defensa de los intereses nacionales, particularmente en la cuestión marítima y el Silala, se impulse ahora una revisión con posibles consecuencias administrativas y patrimoniales para los diplomáticos escalafonados en 2004. Reconstruir la institucionalidad diplomática es responsabilidad
del Gobierno actual.
Como Plataforma consideramos indispensable que el país conozca la dimensión de esta cuestión. No se trata de defender personas ni de eludir responsabilidades individuales,
sino de impedir que se destruya la carrera diplomática, se desconozcan derechos adquiridos y se prolongue el debilitamiento de una institución esencial del Estado. Se trata de preservar una capacidad profesional indispensable para una política exterior de Estado.
La carrera diplomática
La carrera diplomática boliviana tiene una historia jurídica e institucional que debe respetarse. Sus antecedentes se remontan al Reglamento del Escalafón de 1988 y a los
primeros títulos diplomáticos entregados en 1989. La Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores, aprobada durante la gestión del canciller Ronald MacLean en 1993, y el Decreto Supremo 24037, de 1995, consolidaron su régimen normativo.
En 2004, durante la gestión del canciller Juan Ignacio Siles, se actualizó el Escalafón con cooperación de las Naciones Unidas, cuando más del 90 % del personal diplomático pertenecía a la carrera. En 2020, durante la gestión de la canciller Karen Longaric, se promovió su actualización y el restablecimiento del régimen de carrera, quedando pendientes los ascensos y el ingreso de nuevos miembros.
Los gobiernos democráticos anteriores al MAS respetaron l a institucionalidad diplomática, sus normas y la Academia Diplomática, centro de especialización donde se formaron
generaciones de profesionales al servicio de Bolivia.
Durante los gobiernos del MAS, esta continuidad institucional fue quebrada por decisiones políticas que desplazaron a diplomáticos de carrera y sustituyeron progresivamente los
criterios de capacidad, mérito y experiencia por la militancia. La denominada «diplomacia de los pueblos» subordinó el Servicio Exterior a una concepción ideológica de las relaciones internacionales.
La Cancillería se convirtió progresivamente en un espacio de cuotas políticas y nepotismo. El mérito cedió ante la lealtad partidaria; la experiencia, ante la improvisación; y la
institucionalidad, ante la discrecionalidad. Se debilitó la memoria institucional, la capacidad negociadora y la continuidad en asuntos fundamentales: la cuestión marítima, el Silala, el comercio y las inversiones, la integración regional, la cooperación, la democracia, los derechos humanos y la protección de los bolivianos en el exterior.
Una diplomacia profesional y de Estado
La diplomacia profesional no es un privilegio corporativo. El Servicio de Relaciones Exteriores es una institución permanente que requiere formación especializada, experiencia, jerarquía
y continuidad. Ningún país puede defender eficazmente sus intereses si improvisa a sus representantes o reinventa su diplomacia con cada cambio de gobierno.
La carrera diplomática constituye un patrimonio institucional del Estado boliviano.
La cuestión trasciende a la propia diplomacia. ¿Puede un Estado defender sus intereses nacionales sin instituciones profesionales? ¿Puede hablarse de renovación cuando se
reproducen prácticas de subordinación política? ¿Cómo proyectar Bolivia al mundo mientras persiste el debilitamiento de su institucionalidad diplomática?
Recuperar la carrera diplomática es restituir al Estado su capacidad de pensar, negociar y actuar con inteligencia, previsibilidad y dignidad. La meritocracia no es una concesión
a los funcionarios: es una obligación con el país. Diplomacia en Democracia considera indispensable que el Gobierno esclarezca el propósito y alcance de las actuaciones respecto del Escalafón de 2004 y asuma, con decisiones concretas, la reconstrucción profesional de la Cancillería y del Servicio Exterior.
La política exterior pertenece al Estado y sirve a la Nación. No puede ser patrimonio de un gobierno, una ideología o un partido. Exige profesionalismo, memoria institucional, continuidad y sentido estratégico.
DIPLOMACIA EN DEMOCRACIA (DD)
Bolivia y el exterior, 11 de noviembre de 2026.




