LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESTADO

Fernando Messmer Trigo

14 de noviembre de 2026

La institucionalidad del Estado constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Su vigencia exige que las decisiones públicas se adopten con apego a las normas, que las instituciones actúen con independencia y que los funcionarios sean seleccionados sobre la base de criterios de capacidad, experiencia, idoneidad y meritocracia. Cuando estos principios son desplazados por intereses personales o conveniencias políticas, el Estado de Derecho se debilita y se abre el camino hacia la desinstitucionalización del país.

Durante el primer año de la administración del presidente Rodrigo Paz se han producido hechos y decisiones que revelan la continuidad de prácticas contrarias a esos principios. Lejos de advertirse una voluntad firme de fortalecer las instituciones y alejarse de los vicios heredados, la actual gestión gubernamental viene exhibiendo improvisación, discrecionalidad e incumplimiento de las normas. No se trata de hechos aislados, sino de manifestaciones que comprometen la propia concepción del ejercicio del poder.

Por otra parte, es llamativo el retorno a espacios de influencia gubernamental de antiguos cuadros del MAS, algunos de ellos con antecedentes públicamente objetables. En ese marco, la actuación de Fernando Aramayo merece especial atención. Tanto durante su paso por la Cancillería como ahora desde el Ministerio de la Presidencia, ha incurrido en prácticas discrecionales, ha mostrado escaso respeto por los procedimientos institucionales y, hay que decirlo, ha revelado un indisimulado menosprecio a la carrera diplomática.

Resulta igualmente preocupante que su actual jefa de Gabinete sea una exfuncionaria del MAS a quien se atribuyen antecedentes judiciales durante la gestión del presidente Luis Arce. Estas incorporaciones, sumadas a sus vínculos con antiguos cuadros y operadores de ese partido, plantean interrogantes sobre el posible papel de Aramayo como articulador entre esos sectores políticos y el actual Gobierno. Una situación de esa relevancia política e institucional no debería pasar inadvertida.

Bolivia necesita recuperar la institucionalidad del Estado y poner fin a las prácticas discrecionales que tanto daño le han causado en el pasado. El Estado no puede convertirse en refugio ni en plataforma para el retorno de antiguos operadores políticos. Tampoco es aceptable el uso de interinatos y designaciones discrecionales en las más importantes instituciones del Estado, debilitando los mecanismos de fiscalización y favoreciendo condiciones propicias para la corrupción y la impunidad. Urge poner fin a los interinatos en el BCB, YPFB, la Procuraduría General del Estado y la Aduana Nacional, entre otras instituciones.

La responsabilidad principal de este proceso de desinstitucionalización recae en el presidente Rodrigo Paz. Es él quien conduce el Gobierno y quien tiene la obligación de establecer una orientación política clara en defensa de las instituciones públicas. Lamentablemente, a lo largo de su primer año de gestión no ha demostrado una voluntad política suficientemente firme en materia de institucionalidad del Estado. El fortalecimiento institucional del país no puede depender de las conveniencias políticas ni de las lealtades personales del momento.

El presidente Paz todavía está a tiempo de rectificar el rumbo y para ello necesita algo más que declaraciones y promesas. Debe demostrar convicciones y ejercer su autoridad en defensa del Estado de Derecho. De lo contrario, se corre el riesgo de que la desinstitucionalización, lejos de ser una herencia del pasado, termine siendo una de las principales características y el legado más preocupante de su propio Gobierno.